Envía CNDH recomendación por cerco policiaco en San Lázaro

Foto: Gustavo Camacho

Ciudad de México, noviembre 28 (AMRA).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su Recomendación 40/2006, dirigida al Secretario de Seguridad Pública federal y al Jefe del Estado Mayor Presidencial, por haber limitado y violado varios derechos fundamentales de los habitantes de cuando menos tres colonias del Distrito Federal al resguardar con un cerco policíaco el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que –-de acuerdo al orden jurídico nacional— vulneró garantías constitucionales de esa población.

También, por el excesivo uso de la fuerza que elementos de ambas corporaciones hicieron en contra de quienes el 14 de agosto se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y pretendieron instalar tiendas de campaña y fueron desalojados con gases lacrimógenos, resultando lesionados en los hechos varios legisladores federales.

El ombudsman nacional no se opone a la prevención de delitos ni a la aplicación de medidas de seguridad a favor de personas o instituciones; por el contrario, hace patente la necesidad de que el Estado, por medio de sus instituciones públicas, cumpla con los deberes a su cargo de resguardar los derechos de las personas con apego a la ley, añadió.

Sin embargo, reitera que ninguna medida de seguridad debe instrumentarse al margen de la Constitución y específicamente, del artículo 29 que establece las condiciones en que pueden afectarse garantías individuales y limita el ejercicio de esa facultad exclusivamente al Presidente de la República con la aprobación del Congreso de la Unión.

Como resultado del análisis lógico jurídico de las evidencias, la CNDH acreditó violaciones a los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad, libre tránsito y manifestación, respeto al fuero constitucional y a la integridad física con motivo del ejercicio indebido de la función pública, atribuibles a servidores públicos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal Preventiva.

Los agraviados fueron varios de los entonces diputados federales de la LIX Legislatura, un exsenador de la República, así como alrededor de cien personas manifestantes y vecinos de las colonias “El Parque”, “Aeronáutica Militar” y “10 de Mayo”, aledañas al recinto legislativo y por completo ajenas a las actividades legislativas, a quienes se coartó el libre tránsito por toda la zona pese a su necesidad de circular, deambular o trasladarse para realizar actividades laborales o de comercio.

En su Recomendación, la CNDH destaca que “…el respeto a la ley constituye la base fundamental para una convivencia social armónica; para que éste prevalezca y se garantice la seguridad de las personas y sus bienes, se requiere que los individuos y las autoridades se conduzcan conforme a las leyes, y cuando éstas son violentadas es necesaria, entonces, la actuación decidida del Estado en el combate a la inseguridad”.

En acatamiento a lo previsto por el numeral trece de los Principios Básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, éstos deben limitarla al mínimo necesario y con proporcionalidad, recurriendo a la fuerza física sólo en caso estrictamente necesario.

La CNDH solicita al Secretario de Seguridad Pública federal, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, dar vista al Órgano Interno de Control en la PFP para que se investigue a aquellos elementos que se excedieron en el uso de la fuerza.

Asimismo, dar vista al ministerio público federal para que inicie averiguación previa contra elementos de la PFP que transgredieron garantías fundamentales de los entonces legisladores federales, manifestantes y vecinos de las colonias aledañas al Palacio Legislativo de San Lázaro, girar instrucciones para que se instrumenten acciones para que se otorgue al personal de la SSP la capacitación adecuada y se tomen medidas para que, ante cualquier uso excesivo de la fuerza física, se observen las disposiciones de ley y las providencias que salvaguarden los derechos fundamentales de las personas.

Al Jefe del Estado Mayor Presidencial, general José Armando Tamayo Casillas, se le solicita ordene investigar a los elementos que se excedieron en el uso de la fuerza y que limitaron la libertad de tránsito de los ciudadanos en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

De igual modo, gire instrucciones para establecer la coordinación necesaria con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que el resguardo de dicho recinto se realice única y exclusivamente en instalaciones interiores y exteriores.

Ello, sin exceder el área que comprende el inmueble, se observen los preceptos legales que rigen la vida jurídica del EMP y se supervisen las actividades en que participan sus elementos, con respeto a las garantías fundamentales de las personas, y se capacite el personal de esa institución para evitar irregularidades como las que dan origen a esta Recomendación, finalmente se dio a conocer.

CEJ/JVR/AMRA