Aún persiste la tortura en México, acusa la CNDH

Ginebra, Suiza, noviembre 07 (AMRA).- En México persiste la tortura como práctica frecuente de agentes de corporaciones policíacas, no obstante el avance en materia de estrategias legales para erradicarla, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al presentar su informe ante el Comité contra la Tortura (CNDH) de la Organización de las Naciones Unidas.

En representación del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, el Primer Visitador General, Raúl Plascencia Villanueva, destacó que desde 1990 la CNDH ha recibido 8,447 quejas de personas que señalaron haber sido víctimas de tortura u otras formas de maltrato; de esa cifra, menos del dos por ciento ha dado lugar a alguna forma de sanción contra los responsables, mientras que, por el contrario, se asume como una práctica gubernamental el tratar de minimizar su problemática y ocultar su existencia.

Respecto de la situación de impunidad en que queda la mayor parte de las quejas por tortura, Plascencia Villanueva expuso que durante la investigación de las violaciones denunciadas, las autoridades suelen realizar acciones para evitar las sanciones, para dejar sin materia las indagaciones, obtener desistimientos, rendir informes parciales e inoportunos, y prolongar innecesariamente las actuaciones judiciales, con el pretexto de que se están realizando las investigaciones correspondientes, y para dejar la carga de la prueba a las víctimas de los delitos o a sus familiares, lo que termina por impedir que se abata la impunidad.

Subrayó que el gobierno federal y los estatales generalmente recurren a la no aceptación de las recomendaciones de las comisiones de defensa de los derechos humanos derivadas de casos de tortura u otras formas de maltrato, e incluso niegan la existencia de esa práctica y evitan las investigaciones a que están obligadas por las leyes nacionales e internacionales vigentes en materia de prevención y erradicación de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes.

“Las estadísticas relativas a denuncias por tortura, las investigaciones realizadas, así como las personas sancionadas con motivo de la tortura en el ámbito nacional no reflejan la realidad, dado que existe una amplia cifra negra de delitos que no se denuncian por diversos factores, tales como desconfianza institucional, temor a las represalias y falta de asesoría jurídica.

De manera adicional, las víctimas distan de contar con una concreta y efectiva restitución de sus derechos violentados, o de recibir atención médica y psicológica oportuna, a pesar de que se ha generado la infraestructura para brindarles atención, pero ésta no opera, toda vez que no se les reconoce tal calidad”.

Plascencia Villanueva expuso que suelen ser las mismas instituciones en las que prestan servicios los señalados de cometer actos de tortura, las que deben investigar a su propio personal, por lo que no es claro que actúen con imparcialidad.

Añadió que el rechazo o la renuencia de los titulares de las dependencias a las que pertenecen los empleados involucrados en casos de tortura o en casos de maltrato, en los tres niveles de gobierno, incide negativamente en la posibilidad de sanciones.

Asimismo, dijo, se incumplen normas internas –como el acuerdo de la Procuraduría General de la República A/057/2003 que establece directrices institucionales para atender casos de posible tortura o maltrato--, que no se aplican de manera general, sino sólo ante casos que alcanzan repercusiones públicas importantes, nacionales o internacionales.

El documento presentado ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas refiere las respuestas de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno (municipal, estatal y federal) en los hechos de violencia suscitados en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004, derivados de la celebración de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, y más recientemente en el caso de los hechos de violencia ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, y en la Recomendación 13/2006.

Plascencia Villanueva, quien estuvo acompañado por el embajador Javier Moctezuma Barragán, secretario ejecutivo de la CNDH, mencionó que hay falta de colaboración del gobierno con los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, así como obstáculos y entorpecimiento de la investigación de casos de violaciones de derechos humanos.

Ello, dijo, debe propiciar que se realicen reformas a leyes y normas para sancionar a quien rinda informes en que manifieste hechos o circunstancias falsos, o niegue y distorsiones evidencias sobre los mismos, y a quien tenga obligación, por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, e incumpla con su deber, o en cualquier forma propicie daño a las personas, a los lugares, instalaciones u objetos, o pierda o sustraiga objetos que se encuentren bajo su cuidado.

“Sin embargo, tales reformas seguirían requiriendo de un desempeño y compromiso ético de los servidores públicos”; observó que otras reformas pendientes son la homologación del tipo penal de tortura y la incorporación de lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, puntualizó finalmente.

CEJ/JVR/AMRA