Más protección para discapacitados: Conapred

Ciudad de México, agosto 31 (AMRA).- La aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU tendrá efectos en México, ya que tendremos nuevos recursos legales para evitar que se continúen violando los derechos de las personas con discapacidad, sostuvo Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

En ese sentido, dijo que ahora es más factible que un particular sea sancionado por actos de comercio que por violar garantías constitucionales.

En conferencia de prensa celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, añadió que es grave que en México los ordenamientos legales que garantizan derechos fundamentales como el de la no discriminación no contemplen medidas coercitivas que obliguen a su cumplimiento y respeto por parte de las instituciones públicas y, sobre todo, de los particulares.

Cuestionó que en México sea más probable que un particular reciba una multa por no dar kilos de a kilo o litros de a litro que por violar la primera de las garantías puntuales contempladas en la Constitución como es el de la no discriminación mientras que en España los particulares que violan el derecho al trabajo de una persona con discapacidad se hacen acreedores a una sanción de hasta 80 mi euros, cerca de un millón de pesos.

Por ello, dijo, la importancia de esta Convención Internacional que adoptará el papel de ley en México, de acuerdo con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que conducirá a un proceso de reforma a diversos ordenamientos legales federales, generales y estatales, caso específico de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Ley General de las Personas con Discapacidad que, a la fecha, carecen de fuerza al no contar con “dientes” para sancionar las actitudes y prácticas discriminatorias contra las personas con discapacidad.

A la luz de esta Convención, manifestó el presidente del CONAPRED, se tendrá que reforzar la capacidad coercitiva para castigar actos de discriminación, estimular las acciones incluyentes y los esfuerzos por la cohesión social así como para estimular la responsabilidad social de la empresa.

Aún cuando la Convención constituye un gran avance, Rincón Gallardo señaló que no es suficiente ya que además de hacer las modificaciones legales necesarias también tendrán que impulsarse diseños de políticas públicas para hacer valer las protecciones y políticas de promoción, acción afirmativa, medidas compensatorias y todas aquellas que se señalan en la Convención y que ya son derecho y parte de nuestra legislación.

Recordó que en los últimos años se han introducido cambios diversos que van desde la Constitución hasta la creación de leyes e instituciones que velen por la no discriminación y por los derechos de las personas con discapacidad y que, con anterioridad la atención a éstas provenía de la beneficencia pública, la filantropía y el enfoque médico pero que, ahora se coloca en el centro un enfoque de derechos que tienen que ser exigibles y demandan un cumplimiento obligatorio y la responsabilidad del Estado por velar en ello.

Por su parte el embajador Ernesto Céspedes Oropeza, Director General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que el texto definitivo de la Convención está en proceso aunque la misma será presentada en la 61ava Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.

CEJ/JVR/AMRA