agosto 17, 2006

Secuestrada la ciudad de México

(Foto: Gustavo Castillo)

Ciudad de México, 17 agosto (AMRA).- La capital mexicana, considerada como la más grande del mundo y una de las más pobladas, recibe estos días el acoso de manifestantes izquierdistas, que protestan por el supuesto fraude electoral, y a cientos de policías que tratan de resguardar dependencias federales.

Tratar de conciliar el derecho de los izquierdistas a manifestarse ha chocado con el derecho de otros ciudadanos a transitar con libertad por la ciudad, una situación que ya desembocó en un acto de violencia a las puertas del Legislativo.

A las puertas del recinto, vallado y con acceso condicionado a una estricta identificación previa, hay ya más de una decena de tanquetas antimotines para disuadir a los manifestantes.

El alcalde de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, sostuvo que el ayuntamiento no había pedido refuerzos sino que la decisión dependía del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo militar de elite encargado de proteger a los presidentes mexicanos.

"Yo creo que es inconveniente eso, en lugar de inhibir o desalentar la confrontación, la alienta. Yo creo que hasta logísticamente es un error, conceptualmente, es un error más grave, pero así no se van a resolver los problemas de este país", abundó Encinas.

Además de la jornada crítica del 1 de septiembre, cuando el presidente Vicente Fox tiene que acudir al Legislativo a presentar su VI Informe de Gobierno, el próximo día 21 millones de niños regresan a escuela a la capital mexicana.

Esa circunstancia podría dificultar aún más un tráfico ya de por sí caótico por el corte que mantienen en ocho kilómetros del Paseo de la Reforma simpatizantes del izquierdista Andrés Manuel López Obrador desde el 30 de julio.

Otra fecha crítica son los días 15 y 16 de septiembre, fiestas de la Independencia mexicana, cuando cada año se celebra un desfile militar por la ciudad que culmina en el Centro Histórico.

La plaza capitalina luce hoy tomada por López Obrador, quien ha convocado a una Convención Nacional Democrática para definir el rumbo de su movimiento de protesta el mismo día 16, lo que chocaría con la marcha militar.

En ese evento "existe una fuerte posibilidad de pasar de la resistencia civil a la desobediencia civil", declaró hoy Gerardo Fernández Noroña, portavoz de la coalición "Por el bien de todos" que encabeza López Obrador.

"Cualquier acción de rebeldía, de desconocimiento de la autoridad, su límite será la no violencia y lo haremos en sustento al artículo 39 de la Constitución mexicana", agregó el portavoz.

Ese artículo señala que "el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Con estas acciones la población de la capital mexicana es rehén de unos y otros en una ciudad dominada por el caos provocado por los bloqueos.

López Obrador exige un recuento de todos los votos de la elección presidencial que, según él, ganó pero le fue arrebatado el triunfo mediante un "fraude" que favoreció al derechista Felipe Calderón.

Sus seguidores realizan además sorpresivas acciones como el bloqueo a sucursales bancarias, oficinas públicas y embajadas, en algunos casos cierran las calles, lo que contribuye al caos vial en una urbe con más de tres millones de automóviles.

Además de la irritación que provocan los atascos, los bloqueos están ocasionando pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares en el sector servicios de la zona, que ya despidió a más de 800 empleados por la falta de clientes, informaron fuentes empresariales.

Ninguno de los actos de los izquierdistas había derivado en violencia hasta este lunes cuando un centenar de izquierdistas, entre ellos varios legisladores, chocaron con unos 500 policías federales que evitaron la instalación de un campamento frente a la Cámara de Diputados.

Desde el martes la policía bloquea parcialmente la avenida Congreso de la Unión, lo que obliga a los automovilistas compartir una apretada vialidad.

Otras avenidas cercanas al recinto legislativo son vigiladas por efectivos policiales con el aparente objetivo de evitar que se acerquen los izquierdistas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en el sur de la ciudad, debe decidir además sobre la validez o no de la elección y declarar al nuevo presidente electo, si fuera el caso, antes del 6 de septiembre.

JB/JVR/AMRA