"Cochinero" los nexos de Kamel y Gamboa: CNDH

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(Foto: Gustavo Camacho)

Ciudad de México, septiembre 13 (AMRA).-El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, calificó de “cochinero” las llamadas telefónicas que sostuvieron el empresario textilero Kamel Nacif y el senador priista, Emilio Gamboa Patrón.

Al mismo tiemo acusó que el plantón y los conflictos minero y en Oaxaca son bombas de tiempo, por lo que es cruel decir que México está en calma.

Lo anterior fue vertido luego de presentar a la opinión pública su Informe Especial sobre el Cumplimiento en el Ámbito Federal, así como en las Entidades Federativas y el Distrito Federal, de las Obligaciones Establecidas en la Reforma al Artículo 18 Constitucional en Materia de Justicia para Adolescentes.

En dicho documento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que detectó violaciones a derechos humanos de los menores en reclusión por diversas omisiones en la aplicación de la reforma de referencia, que contravienen lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en la materia ratificados por nuestro país.

El Ombudsman nacional manifestó que la información documental para este Informe Especial se obtuvo a partir de las solicitudes enviadas por la CNDH a 151 autoridades responsables, cinco de las cuales hicieron caso omiso de los requerimientos informativos y no contestaron, siendo esas autoridades los Congresos locales de los estados de México, Guerrero y Morelos, así como los Tribunales Superiores de Justicia de Oaxaca y Tlaxcala.

Lamentó, asimismo, que los congresos estatales que aceptaron en sus legislaciones las consecuencias de la reforma al 18 constitucional no tomaran en cuenta ninguna previsión presupuestaria que garantice su operación y puesta en marcha.

En conferencia de prensa efectuada en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos y en la que estuvo acompañado por la exdiputada Angélica de la Peña, principal impulsora de la reforma al Artículo 18 Constitucional; la maestra Victoria Adato Green, coordinadora del Programa de la Mujer, la Niñez y la Familia y el Tercer Visitador General, Andrés Calero Aguilar, explicó que a efecto de evaluar la aplicación de esa reforma constitucional, la CNDH examinó la situación que impera en materia de justicia para adolescentes tanto en el ámbito federal como en las 31 entidades federativas del país y en el Distrito Federal, para lo cual realizó trabajo de campo consistente en dos visitas de supervisión realizadas a cada uno de los 55 centros de internamiento para menores que actualmente funcionan en nuestro país.

Puso en relieve que, de acuerdo con datos del INEGI, correspondientes a 2005, más del 40 por ciento de la población del país está entre los 0 y 19 años de edad y amplios sectores de ese grupo poblacional enfrentan condiciones elevadas de pobreza y marginación, de tal manera que uno de los factores que inciden en que cada vez más adolescentes incurran en conductas antisociales es precisamente su condición social, que va de la mano de un subejercicio real de los derechos que las leyes les otorgan.

Soberanes Fernández señaló que, de acuerdo con la información disponible, en centros de internamiento para menores se encuentran 4 mil 232 son hombres y 246 son mujeres, que hacen un total de 4 mil 476 internos, lo que representa el 2.1 por ciento de la población nacional de adultos internos, misma que al mes de julio se este año se estimaba en 213 mil 691 personas.

Explicó que la reforma constitucional señala, entre otros puntos, que el sistema de justicia para adolescentes será aplicable en la Federación, los Estados y el Distrito Federal a quienes se atribuya la realización de alguna conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Apuntó que las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

“La reforma constitucional, añadió, determina un verdadero cambio de mentalidad de todas las autoridades involucradas, que les permita visualizar al adolescente en conflicto con la ley penal, como sujeto pleno de derechos. Un instrumento para lograr ese cambio tiene que ser la capacitación.

CEJ/JVR/AMRA