noviembre 21, 2006

Senado exhorta a las instituciones financieras a responder por robo de cajas de seguridad


Ciudad de México, noviembre 21 (AMRA).- Ante lo que se calificó como el “robo perfecto”, es decir, el saqueo de 155 cajas de seguridad de una sucursal de Banamex, en el municipio de Naucalpan, en perjuicio de un importante número de cuentahabientes, el Senado aprobó un exhorto para que las instituciones financieras y crediticias del país, en casos como éstos, sean corresponsables con los arrendatarios por la pérdida de su patrimonio.

Con la unanimidad de todos los partidos políticos, con representación en la Cámara Alta, se hizo un llamado al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), hagan uso de sus buenos oficios para apoyar incondicionalmente a todos aquellos clientes que contraten el servicio de cajas de seguridad bancarias y que por alguna razón particular, pierdan sus bienes en resguardo, como joyas antiguas, testamentos, facturas y otros.

Aunque, el pleno del Senado reconoció que la cláusula de los bancos para el arrendamiento de este tipo de cajas, que la letra dice, que: “el banco no será responsable por daños y perjuicios que sufran los bienes que se encuentran dentro del inmueble ocasionados por terremoto, incendio, atentados terroristas o cualquier otra causa imputable a la entidad”, es válida; también es legal que el cliente que acude a una institución de éstas, es porque a cambio del pago de una renta o cuota, se le está ofreciendo el servicio de garantía de máxima seguridad.

En octubre pasado, la opinión pública conoció del “robo casi perfecto” de 155 cajas de seguridad de la sucursal Banamex, ubicada en la colonia Fuentes de Tecamachalco, Naucalpan. En principio, la institución bancaria se negó a absorber las pérdidas. Pero, luego aceptó que remuneraría a los cuentahabientes afectados con un millón de pesos para cada uno, aún sin estar obligada legalmente a apoyar económicamente a los afectados.

VM/JVR/AMRA