Hay torutura en Jalisco Acusa Derechos Humanos

Guadalajara, Jalisco, septiembre 11 (AMRA).- Es urgente que las autoridades encargadas de la procuración de justicia en Jalisco reconozcan la existencia de la tortura y lleven a cabo las acciones necesarias para conocer la magnitud y la complejidad del problema que representa el empleo de métodos inquisitivos reprobables y prohibidos tanto en la legislación internacional como en la nacional.

Lo anterior es el primer paso para erradicar las violaciones de derechos humanos de las personas sujetas a investigación en carácter de indiciadas y presentadas, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Carlos Manuel Barba García, al concluir la investigación de siete quejas en la que este organismo demostró que la tortura es una práctica arraigada en el área de investigación de delitos a cargo de las agencias especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El ombudsman estatal emitió la recomendación 6/06 por violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica de nueve personas, en la que solicitó al primer fiscal del estado, Salvador González de los Santos, el inicio de averiguaciones previas en contra de 45 servidores públicos por su probable responsabilidad penal en los delitos de tortura, abuso de autoridad, allanamiento de morada y los que resulten, así como el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa.

En el documento de 187 hojas se señala que, de forma coincidente, los quejosos, no relacionados entre sí, argumentaron que los métodos de tortura utilizados en su contra fueron: asfixia provocada por una bolsa de plástico en la cabeza, ahogamiento con una franela mojada sobre boca y nariz, golpes en diversas partes del cuerpo, toques eléctricos y, en algunos casos, quemaduras con fuego.

Estos sufrimientos fueron aplicados para que reconocieran su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputaban.

De los 45 servidores públicos involucrados en los hechos, 37 son policías investigadores, cinco agentes del ministerio público y dos secretarios, así como un perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), quien emitió un parte médico con datos falsos y discordantes con la realidad. Cinco policías investigadores repitieron sus conductas en dos quejas.

LAS RECOMENDACIONES

Barba García hizo 19 propuestas al procurador general de Justicia; doce de las cuales están relacionadas con el inicio de averiguaciones previas y procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos señalados como presuntos responsables. Las demás tienen que ver con aspectos estructurales de índole administrativo y educativo.

Es decir, que se establezcan los mecanismos de registros exactos de presentados y detenidos, en los que se definan fecha de detención o presentación, además de los lugares en que éstas transcurren para evitar su incomunicación, abusos de autoridad y contribuir al cumplimiento de la garantía del debido proceso del indiciado, y que cada vez que requieran de la excarcelación o encarcelación de un detenido, los respalden con un oficio donde se especifique la elaboración del parte de lesiones que corresponda para ser agregado a la averiguación previa.

Le recomendó que la institución a su cargo, en coordinación con el IJCF, la misma Comisión y expertos en el tema, trabajen en la creación de un modelo de documento técnico médico-forense que se practique a cualquier persona que se asuma víctima de tortura, para documentar y correlacionar, en su caso, las manifestaciones de tortura con los hallazgos físicos o psicológicos.

Una vez creado este documento, que se instruya a los agentes del ministerio público y demás personal de la Procuraduría para que practiquen el examen y la emisión del dictamen respectivo en los casos siguientes: cuando una persona denuncie haber sido objeto de tortura, cuando a juicio del perito médico legista o forense que lleve a cabo la revisión de un detenido, existan indicios de la posible comisión de este delito, y cuando lo solicite personal de la PGJE o de la CEDHJ.

CEJ/JVR/AMRA