julio 01, 2006

LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL: NEGOCIO PRIVADO DE ALVARADO SÁNCHEZ

Marcelo Ebrard, involucrado.


Por Juan Bermúdez

Bajo la sombra protectora del candidato perredista a la Jefatura de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, el director general de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Juan Jaime Alvarado Sánchez, ha convertido a esa institución en un suculento negocio privado con el que obtiene cuantiosos dividendos a costa de los servicios y prestaciones que por derecho tienen los más de 18 mil uniformados adscritos.

Secuestros; usurpación de profesión; contratos leoninos (fuera de la ley) con hospitales privados; desvío de recursos para fines personales; “ahorro” de gastos de vestuario, calzado y equipo; viajes de capacitación al extranjero; malversación de cuotas que aportan los elementos en activo y contubernios con funcionarios públicos para justificar gastos varios, son sólo algunas de tantas anomalías e irregularidades que se cometen en la PBI.

Esta denuncia fue hecha ante este medio informativo, por policías bancarios y empleados administrativos, quienes proporcionaron documentos oficiales, con el objeto de que el titular de la SSP deslinde responsabilidades y aclare la presunta protección que le brinda a Juan Jaime Alvarado, y para que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a cargo de Bertha Luján, realice investigaciones profundas sobre los hechos que se narran en este reportaje.

Desde que tomó posesión al cargo, con la ayuda de su camarilla conformada por los Segundos Superintendentes, Nicolás Álvarez González, Pedro Lizardo Herrera y José Pedro Vizuet Bocanegra; --quien según informes, tiene dos demandas penales por secuestro--; el Segundo Inspector, Felícitas Galicia Lara, los Primeros Inspectores Bertoldo Mauricio Cortés Rendón y Marcial Leal Nodal; así como la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Luz María Patricia González Regalado –quien se ostenta desde hace tiempo como Contador Público--, Alvarado Sánchez ha cometido una serie de anomalías.

En este sentido, cabe señalar que González Regalado era una de las encargadas de organizar marchas y plantones en repudio de la forma en que Juan Jaime Alvarado, manejaba los intereses de la PBI en su carácter de subdirector administrativo. Además, denunció que en la corporación había gente que trabaja con títulos profesionales falsos, como el caso de Susana Sánchez Mendoza, quien en 2001 se desempeñaba como Jefe del Departamento de Supervisión del Comportamiento Administrativo y Financiero, con el título de Contador Público.

Aun así, este dato se investigó en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se obtuvo un documento fechado el 26 de enero de 2001, en el que se corrobora que no se tenía ningún antecedente que la facultara para ejercer como Contador Público. Aún así, Alvarado la incluyó en su gabinete policiaco.

Esa coalición de servidores públicos –equiparable a delincuencia organizada—se ha dedicado a amasar una considerable fortuna a costa de los servicios y prestaciones que por derecho tienen los 18 mil uniformados adscritos, con lo cual, se contravienen todas las acciones de política anticorrupción, que en su momento implementó en el GDF, Andrés Manuel López Obrador.

Así pues, la relajación de la disciplina, la falta de equipo, capacitación y armas adecuadas, el tráfico de influencias y los favoritismos en general, ya han surtido efectos negativos en la PBI, lo cual se concretiza en que el citado Primer Superintendente carece de una adecuada técnica para combatir a la delincuencia.

Pájaro de Cuenta

Desde llegó a la corporación –hace 27 años aproximadamente—Juan Jaime Alvarado se distinguió por ser un “pájaro de cuenta”, pues con el tiempo, cuando fue subdirector administrativo en la corporación , fue cesado por haber cometido diversos fraudes, precisamente cuando Néstor Manuel Alvarado Baltasar –ahora alejado del ambiente policiaco y político--, era el titular de la PBI. Sin embargo, tiempo después y por “extrañas circunstancias”. retornó a sus labores administrativas.

Cegado por el hambre de poder y la ambición, cuando tomó las riendas de la PBI –hace año y medio— el funcionario en cuestión comenzó a planear sus “enjuagues” sin importarle que con ello afectaría el prestigio, profesionalismo y planes de trabajo de la corporación.

Una vez que se sintió firme en el puesto, comenzó a dañar seriamente la imagen de la PBI, pues durante un evento realizado el 19 de julio de 2003, mandó a golpear con un grupo de choque, a los integrantes del recién conformado sindicato de policías bancarios, quienes en esa ocasión pugnaban frente a la Puerta Cinco de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, por un manejo transparente y eficiente de los recursos financieros que se proporcionan a la instancia en cuestión.

Tiempo después, este hecho, quedó registrado en la averiguación previa IZC-2T2/702/03-07, por el delito de intimidación, amenazas cumplidas, represalias y lesiones contra quien resulte responsable.

También promovió el crecimiento de la estructura orgánica de la Policía Bancaria, sin ninguna autorización o justificación técnica y presupuestal. Con lo que –según testimonios de uniformados— logró ingresar a más de 300 personas para que ocuparan puestos de funcionarios, empleados administrativos y operativos, sin seguir las normas establecidas de selección y profesionalización, como son la aplicación de exámenes de conocimientos generales, psicométricos y médicos, entre otros.

Aunado a ello, se encuentra el hecho de que promueve la llegada de aviadores a las nóminas, realiza gastos excesivos en alimentos, otorga armas, radios, uniformes y chalecos antibalas de mala calidad y mantiene “perros flacos” (policías mal pagados) en activo, con lo en gran parte, comete una violación al Contrato Colectivo de Trabajo.

Intimidación psicológica

La ideología del Primer Superintendente, se basa en el pensamiento del extinto Thomas Hubbard, quien fue el fundador de la secta denominada “Cienciología y Dianética”, cuyos discípulos se dedican a defraudar a miles de personas, tras convencerlas de que se inscriban en los que imparten sobre supuesta superación personal, autoestima, relaciones públicas, magnetismo, entre otras cosas.

Lo anterior se confirma con el hecho de que el día 29 de abril de 2004, el titular de la PBI giró una Circular Especial entre sus subordinados, en la que auspiciado por su anterior protector, el ex jefe policiaco Marcelo Ebrard Casaubón, les advierte:

…”A través del presente me dirijo a ustedes para comunicarles que como resultado del esfuerzo y profesionalismo que han demostrado, por conducto del Lic. Marcelo Ebrad Casaubon, Secretario de Seguridad Pública, el Gobierno del Distrito Federal tuvo a bien autorizar un incremento en nuestros haberes y prestaciones, inclusive por encima del índice inflacionario, lo que nos compromete a seguir desempeñándonos con los valores institucionales como son: la moral, ética, honestidad, disciplina, espíritu de cuerpo y convicción de PBI, que caracterizan a esta ejemplar corporación. Recordemos el pensamiento de Thomas Hubbard:

LEALTAD

Si usted trabaja para un hombre, por dios, ¡trabaje para él! Hable bien de él y sea fiel a la institución que él representa…Si usted tiene que murmurar, condenar a encontrar faltas constantes, entonces, mejor es que renuncie a su puesto y cuando este fuera, de rienda suelta a la maldad de su corazón…Pero mientras sea parte de la institución, ¡no lo censure!, si lo hace, la primera ráfaga de viento que pase se lo llevara y probablemente usted nunca sabrá por qué…

Por lo anterior, les recomiendo que conserven su autenticidad, sean originales, fortalezcan su entusiasmo institucional y no permitan que gente sin escrúpulos trate de manipularlos y utilizarlos para satisfacer sus intereses oscuros…”

Por lo visto, Alvarado Sánchez aún mantiene tiene un amplio contubernio con Ebrard para justificar gastos varios, así como su autorización para intimidar psicológicamente a sus 18 mil subordinados.

El Nepotismo

Este medio informativo se dio a la tarea de investigar los casos de nepotismo que se han registrado hasta el momento en la PBI y pudo corroborar que existió una partida especial que se manejó a discreción, en la cual, resultó privilegiada Adela Alvarado “N” –hija de Juan Jaime Alvarado--, al formar parte del Consejo Editorial de un órgano informativo de la corporación, llamado Gaceta…”Comunicándonos…siempre alerta”. La copia de uno de esos ejemplares, está en poder del autor de este reportaje.

Otro de sus hijos, “N” Alvarado, de aproximadamente 30 años de edad, cuya característica principal es su notorio exceso de peso –más de 140 kilos-- trabaja como instructor de tiro en el Cuartel General de la PBI.

Se tienen noticias de que uno más de sus vástagos, fue suspendido de la corporación y enviado en calidad de “comisionado” a la Policía del Estado de México, donde a los pocos días lo “regresaron” por ser un elemento conflictivo.

Los secuestros

Otra de las arbitrariedades cometidas bajo el consentimiento de Juan Jaime Alvarado, es la que sufrió el policía, Héctor Escobedo Santana, quien sin aparente justificación fue maltratado y secuestrado durante 12 horas, por el Segundo Super Intendente, José Pedro Vizuet Bocanegra –uno de los incondicionales del alto mando--, quien mediante técnicas de tortura física y psicológica, le exigía que renunciara a la corporación. El hecho quedó registrado en la averiguación previa FSP/BIT/438/04-02.

Días después de haber padecido ese calvario, Escobedo Santana se dio a la tarea de redactar una carta al entonces titular de la SSP, Marcelo Ebrard para solicitarle su apoyo en esta situación; sin embargo, nunca hubo una respuesta y “coincidentemente”, Vizuet Bocanegra fue ascendido al grado policiaco que actualmente ostenta.

Un caso más de secuestro, es el que sufrió el oficial Mario Alberto Vázquez Zapata, quien estuvo cautivo durante 60 horas, y también sin motivos aparentes le exigían su baja de la PBI. En el plagio presuntamente participaron José Pedro Vizuet, Felícitas Galicia y Roy Montesinos. El hecho quedó suscrito en la averiguación previa FSP/BTI/323/04-02. Hasta el momento, los agresores no han sido castigados.

Desvíos de recursos

Existen claros antecedentes de que desde hace tiempo, se comenten constantes irregularidades en la PBI como son el desvío de recursos, fraudes y gastos excesivos, entre otras cosas. Estos acontecimientos nunca habían salido a la luz pública a pesar de que el GDF inició algunas auditorias en la corporación. Estas anomalías prevalecen.

De acuerdo a documentos elaborados por la Contraloría General del GDF se confirma que en la Policía Bancaria se detectó un pago excesivo equivalente a dos millones seis mil 83.04 pesos por concepto del contrato de servicios SE—1172001, que realizó la corporación con el laboratorio Estudios Clínicos DR. TJ Oriard S.A, que se ubica a unas cuadras de la estación del Metro Instituto del Petróleo, sobre avenida cien metros.

El importe de ese contrato fue de ocho millones 150 mil 988 pesos, con una vigencia de marzo a diciembre de 2001, aún cuando también se efectuó un “pago extra” de ampliación por un millón 223 mil 398.20 pesos.

Otras de las irregularidades detectada entre la PBI y ese laboratorio fue la adquisición de “pases médicos”, correspondientes a la quincena de febrero de 2002, para lo cual se depositaron 323 mil 721.11 pesos en la cuenta certificada 11CD0300323 y se extendió la factura 67704, de fecha de marzo de 2001.

Los responsables de esta fiscalización –Beatriz Arias Martínez, de Recuperación de Bienes; María Luisa Pérez Camacho, de Revisión de Sistemas de Control y la subdirectora de Auditoría de Sistemas, Alma Dalia González González--, hacen énfasis en que existe un incumplimiento al Manual Administrativo de la Dirección General de la PBI, en su página 56, octavo párrafo, así como al de Normas y Procedimientos para la Administración del Ejercicio Presupuestal, apartado IV, numeral 35.

También existe un contrato leonino con la serie PBI—SE—09/2001 que se firmó con el Sanatorio y Servicios Médicos Obregón, S.A de C.V –ubicado en la avenida Alvaro Obregón 127, colonia Roma--, en el cual se registra un pago por 452 mil 485.58 pesos, mismo que fue depositado en la cuenta certificada 11CD0300269, el 6 de marzo de 2001 y cuya factura tiene el número 5507.

En este sentido, cabe señalar que entre los subordinados de la PBI, se menciona insistentemente que el anterior director general, Néstor Alvarado es socio mayoritario de ese nosocomio, y que antes, ese lugar era un table dance denominado “Foxis”, propiedad de Ernesto Valls, prófugo de la justicia por ser señalado como las autoridades como uno de los principales “lavadores de dinero” del cártel de los Arellano Félix.

En la corporación también se inició la contratación del Servicio de Capacitación para el Diplomado de Alta Seguridad Corporativa, que se llevó a cabo en la Habana, Cuba , con las partidas 3705 y 3706, para pasajes internacionales y viáticos en el extranjero.

Para ello, se realizó el contrato C.LC. 01839, con fecha 7 de diciembre de 2001, donde se especifica que se pagaron 31 mil 740 pesos al Grupo Grapesa S.C. que extendió la factura 0650 con fecha 3 de agosto del mismo año. En las observaciones de la auditora María Luisa Pérez Camacho se destaca que dicha cantidad no ha sido justificada a pesar de que así se ha solicitado en repetidas ocasiones.

En otro documento similar se da a entender que al parecer los papeles que avalan esa acción son falsos debido a que, según algunas investigaciones realizadas por los fiscalizadores, ese consorcio no existe ni en México ni en Cuba. Una situación similar surgió recientemente, cuando Alvarado Sánchez, acompañado de sus colaboradores cercanos, viajó a Colombia “para el mismo fin”.

Otras de las anomalías cometidas en el cuerpo policiaco es el “desembolse” de un millón 740 mil 560.25 pesos por concepto de “gastos médicos”, cantidad que fue repartida en su momento, entre un pequeño grupo de uniformados, --que no forman parte del séquito del jerarca policiaco--, entre los que se encuentran Nicolás Alvarez González, ex director operativo, quien recibió 200 mil pesos.

Le siguen Alejandro Regules Orbazo, ex subdirector de Recursos Financieros, con 146 mil 885.57 pesos; Juan Marcos Juárez Juárez, policía jubilado; 37 mil 17.34, pesos; Elizabeth Cruz Sánchez, policía del sector “B”, 20 mil 65 y Fadrique González Torres, ex coordinador técnico, quien tuvo un pago de cuatro mil 142, cantidad que se incluyó en su cheque, cuya copia está en la redacción de este rotativo. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual, esas personas recibieron tales cantidades.

Pésimos servicios médicos

En otro orden de ideas, vale hacer mención que desde hace tiempo, los adscritos a la PBI se quejan de los malos servicios médicos que ofrece la corporación, pues los doctores que se encargan de atenderles, son “pasantes” de la carrera de medicina.

Ante estas circunstancias, el reportero se dio a la tarea de investigar esta situación y se encontró con que de acuerdo a informes de varios uniformados, la suegra del anterior titular de la PBI, Néstor Alvarado, falleció en el Hospital Obregón, a causa de una mala operación de várices que ahí le fue practicada.

De este hecho se responsabilizó a los galenos que participaron en dicha intervención quirúrgica, quienes resultaron ser Médicos Internistas de Pregrado (MIP).

“Coincidentemente”, dichas siglas aparecen plasmadas en algunas recetas que a diario expiden los doctores a todos los policías que acuden a ese lugar, para alguna consulta, tratamiento o terapia. Este proceder está prohibido por la ley.

Arbitrariedad y desamparo

Otro claro ejemplo de arbitrariedad y desamparo que se vive dentro de la Policía Bancaria e Industrial, es el de Enrique González Cruz, quien al intentar frustrar un atraco, resultó herido de gravedad e imposibilitado permanentemente para continuar con el ejercicio de sus funciones policiacas.

Lejos de recibir el apoyo adecuado, González Cruz fue dado de baja en la corporación y liquidado con 95 mil 550 pesos por la aseguradora Inbursa; mas no pensionado de por vida, como así lo marcan las leyes laborales. Además, le fue otorgado un pago proporcional de aguinaldo, equivalente a 424.80 pesos, así como una “prima vacacional de 63.72 pesos.

Los policías bancarios, enojados con Alvarado Sánchez.

Ante la situación en que se vio envuelto, mediante un escrito, el ex oficial se dio a la tarea de solicitar inmediatamente a la Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal—que está a cargo de la tabasqueña, Aura Cancino López--, su fondo de aportaciones que le fueron descontadas durante el tiempo que prestó sus servicios. Por lo pronto no ha tenido respuestas.

En situación similar se encuentra Esther Roldán, Policía Tercero de la Corporación, quien el 22 de octubre de 2002, fue internada de emergencia en el Hospital Obregón para ser sometida a una extracción de matriz.

Luego de dos días de haber sido intervenida quirúrgicamente, fue dada de alta y programada cuatro días después --es decir, el 28 de noviembre-- para una consulta médica en el citado nosocomio.

Una vez que acudió a su cita, la uniformada tuvo que afrontar diversas dificultades administrativas, debido a que las enfermeras que le habían asignado la consulta con un médico especialista, no supieron orientarla debidamente y la mandaban de un lugar a otro.

"Recién operada y aún con las suturas, tuve que caminar durante varios minutos por los pasillos así como subir y bajar escaleras preguntando donde quedaba tal o cual consultorio. Eso me provocó de pronto, se me abriera la herida y comenzara a sangrar y sentir fuertes dolores", relata la afectada.

Ello provocó una alarma inmediata entre las personas que se encontraban cerca del lugar de los acontecimientos y que solicitaran el auxilio del cuerpo de enfermeras.

Esther fue reingresada al Hospital, donde padeció malas atenciones por parte de los médicos y enfermeras, quienes en todo momento para evadir su responsabilidad, argumentaron que "la herida se había abierto porque soy una persona gorda y obesa".

En tanto, agregó la señora Roldán, el doctor que me practicó la cirugía, Alfredo Dolores de la M, argumentó que el no se podía hacer responsable de lo sucedido y que iba a defender a su personal por encima de quien fuera en caso de que yo interpusiera una demanda".

Hasta el momento, todas las situaciones que se detallaron en esta publicación, no han tenido ninguna solución. Tal parece que en los pasillos de la PBI, “el demonio anda suelto”.

Buzón electrónico: agencia.amra@gmail.com

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