Pide Soberanes despenalización de la migración
Por Carlos Emir Jiménez
Santa Cruz, Bolivia, octubre 24 (AMRA).- Al participar en la Octava Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, el Ombudsman nacional de México, José Luis Soberanes Fernández, exhortó a sus homólogos a pugnar en sus respectivos países por la despenalización de la migración con el fin de que la internación indocumentada a un país sea considerada una falta administrativa y como tal sea atendida y sancionada. Se pronunció.
Además, porque los lugares de retención de personas migrantes, en tanto se define su situación jurídica, cuenten siempre con instalaciones dignas y funcionen con absoluto respeto a sus derechos fundamentales.
Durante la Conferencia, que fue inaugurada por el presidente de la República de Bolivia, Evo Morales y está organizada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Soberanes Fernández demandó que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos asuman plenamente su responsabilidad de vigilar y supervisar el cabal respeto a los derechos de los migrantes en los centros de detención, y vayan más allá de la realización de visitas rutinarias de supervisión, ya que en cada recorrido suelen detectarse casos que pueden modifiquen sustancialmente la vida de uno o varios migrantes.
Tras encabezar las sesiones del grupo de trabajo que abordó el tema: “Previsión de abusos de los derechos humanos en contra de los migrantes irregulares: el rol de las Instituciones Nacionales”, el presidente de la CNDH manifestó la necesidad de que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) promuevan en sus países el respeto a los derechos laborales de los trabajadores irregulares, ya que la condición migratoria de las personas no debe ser pretexto para la inequidad.
“Es necesario que las instituciones defensoras realicen campañas de prevención al trabajo forzado, así como de denuncia para que las autoridades cumplan su obligación de velar por las condiciones laborales de los trabajadores, con independencia de su situación migratoria”, enfatizó.
Ante Waldo Albarracín, defensor del Pueblo de Bolivia; Brace Waly Ndiaye, director de la División de Procedimientos de Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Morten Kjaerum, presidente del Comité Internacional de la Coordinación de Instituciones Nacionales, así como John von Doussa, presidente de la Comisión Australiana de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, y Youssoupha Ndiaye, presidente del Comité Senegalés de los Derechos del Hombre, quienes también participaron en este grupo de análisis, Soberanes Fernández puso en relieve la importancia de que las instituciones defensoras evalúen la procedencia de recurrir a instancias internacionales para demandar la equidad en salarios y condiciones para todos los trabajadores, y que denuncien los casos en los que se actúa injustamente en contra de uno o varios trabajadores sólo porque carezcan de documentos migratorios.
Destacó la necesidad de que los centros de detención cuenten con áreas separadas para mujeres y menores, así como para familias.
Dijo que las instituciones defensoras de los derechos humanos deben hacer trascender el resultado de sus visitas y pronunciarse, mediante los mecanismos que procedan en cada caso, de manera integral para motivar las reformas necesarias en cuanto a la dirección y operación de los centros de detención de migrantes.
Las instituciones defensoras, añadió, “deben elaborar y aplicar programas de capacitación para los servidores públicos involucrados en el fenómeno migratorio, así como medir su eficacia para ir mejorando la orientación de la capacitación hasta lograr no sólo difundir conocimiento sino también sensibilización para un trato digno a los migrantes”. Destacó que los programas de capacitación deben incluir la identificación de víctimas de trata de personas y de aquéllas que requieren refugio.
El Ombudsman mexicano estableció que la migración masiva es un fenómeno social y económico que en las dos décadas recientes ha crecido sensiblemente en el mundo, por lo que muchos países receptores lo han enfocado como problema, a pesar de los probados beneficios que la mano de obra indocumentada les ha brindado a su desarrollo.
“En algunos países se ha pretendido ubicar a la migración en la agenda de la seguridad, asociándola a la delincuencia y al terrorismo. Los migrantes irregulares no son, desde luego, ni delincuentes ni terroristas: son personas que necesitan trabajo y que buscan mejores condiciones de vida para sí mismos y sus familias”.
Apuntó que la óptica de la seguridad ha conducido a algunos Estado a querer imponerla por la fuerza, lo que ha convertido a las zonas fronterizas en territorios de inseguridad, con alta presencia del crimen organizado, sobre todo de traficantes de personas, así como en áreas de sufrimiento para los migrantes, quienes han terminado por creer que su condición migratoria reduce sus derechos fundamentales.
Luego de señalar que las fronteras han pasado de ser espacios de colaboración y convivencia a zonas de tráfico de armas, con una estela de desolación y muerte, Soberanes Fernández destacó la necesidad de pugnar porque la migración masiva sea trasladada de la agenda de seguridad a la del desarrollo, además de impulsar la cooperación para el desarrollo, en lugar de la contención por la fuerza.
Soberanes Fernández, quien estuvo acompañado por el Quinto Visitador General y el secretario ejecutivo de la CNDH, Mauricio Farah Gebara y Javier Moctezuma Barragán, respectivamente, estableció que la migración seguirá existiendo mientras prevalezca la necesidad de buscar oportunidades más allá de la propia tierra de origen y mientas sigan existiendo asimetrías económicas abismales entre los países.
Subrayó la necesidad de generar oportunidades locales, al tiempo que se dan cauces legales y humanos a la migración. “Es imposible contenerla por decreto; es necesario ordenarla y reconocer su rostro humano”, expresó.
CEJ/JVR/AMRA
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